Auttacor se personará en los tribunales para defender las ordenanzas del taxi en Córdoba

La Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos de Auto Taxi de Córdoba (Auttacor) se personará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para defender la legalidad de las ordenanzas municipales, que regulan desde mayo pasado el servicio del taxi en esta localidad andaluza. Auttacor, según asegura en una nota de prensa, se personará en calidad de codemandado, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya sustanciado ante los tribunales su dictamen de agosto contra 14 artículos de la normativa
municipal.

cordoba

La asociación mayoritaria de los taxistas de Córdoba afronta el proceso judicial que se pone en marcha con “tranquilidad y total confianza en los tribunales y las instituciones que han prometido defender la norma impugnada”, según declaró esta mañana Miguel Ruano, presidente de
Auttacor y también de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT).
La denuncia de la CNMC, que ya ha sido notificada a las partes, ataca algunos aspectos fundamentales de la regulación del taxi tal como se ha conocido hasta ahora. De hecho, abre la puerta al control de las multinacionales de un servicio que emplea a casi 100.000 familias en toda España, elimina la seguridad tarifaria y precariza las condiciones laborales de los autónomos.

Tanto el Ayuntamiento de Córdoba como la Junta de Andalucía ya han anunciado con claridad que defenderán por la vía jurídica una norma que fue aprobada en pleno en mayo pasado respetando el marco de regulación desarrollado por la comunidad autónoma con todas las garantías y los informes técnicos favorables. Entre otras cosas, el Gobierno andaluz reprocha a la CNMC que invada competencias ya transferidas a las comunidades autónomas. Todo indica que el Ministerio de Fomento también se personará en el procedimiento.

Con la presentación de la denuncia ante el TSJA por parte de Competencia se
inicia un nuevo periodo del conflicto, ya en sede judicial, que puede demorarse más allá de un año y medio o dos, según algunas fuentes. La sentencia puede avalar la legalidad de la ordenanza o modificar parcialmente alguno de los 14 artículos, lo que constituiría un mal menor para los intereses del colectivo del taxi.
Ruano subraya la importancia de que todas las administraciones públicas,
locales, autonómicas y estatales, vayan a defender vía judicial la legalidad de
la regulación actual del servicio del taxi, que establece un marco estable y
garantista en beneficio de los usuarios y los profesionales.

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